La prisa de la reforma judicial
Por Ricardo Raphael
La reforma al Poder Judicial no se votará en septiembre con la nueva legislatura. El dictamen será aprobado por la representación de las diputaciones que cerrará labores un mes antes de que deje la Presidencia el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa entrará a comisiones antes de que termine este mes y se presentará a votación del pleno en agosto. En septiembre pasará al Senado.
Antes de 2021 esta ruta habría sido imposible. Sin embargo, el reglamento de la Cámara baja fue modificado ese año para abrir la puerta a que un dictamen aprobado durante una legislatura anterior, una vez que se encuentre en poder de la Mesa Directiva, pueda saltar de legislatura.
El artículo 288 de ese reglamento, reformado en abril de 2021, establece que al término de cada legislatura, la Secretaría de Servicios Parlamentarios elaborará un listado de los dictámenes sancionados con el propósito de que sean sometidos a votación durante el primer periodo de sesiones del parlamento entrante.
Así que no hay obstáculo legal para que la mitad del trabajo legislativo se realice entre julio y agosto y la iniciativa de reforma judicial sea aprobada en septiembre.
Esto quiere decir que en el mes de septiembre llegará al Senado la propuesta de someter a votación popular los cargos de jueces, magistrados y ministros.
De esta manera se evitarán dilaciones que pudieran descarrilar una decisión política tomada prácticamente desde el mes de febrero y que, por la vía de las urnas, obtuvo luz verde.
Han perdido la batalla quienes tenían la esperanza de que esta decisión tan importante para el futuro del Estado mexicano tuviese un cauce parsimonioso con el propósito de analizar y discutir cada una de las aristas.
Queda como último reducto que Morena y sus aliados no logren la mayoría calificada en la Cámara alta y que el bloque completo de senadoras y senadores de oposición cierre filas no tanto para derribar la iniciativa, sino para negociar los puntos y las comas más relevantes.
Zoom: De haber comenzado la Cámara de Diputados la dictaminación de la iniciativa en septiembre, el presidente López Obrador habría dejado la silla presidencial sin concluir este último eslabón de su obra política. Evitar ese escenario es la principal razón de la prisa.
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