Venganza contra el Poder Judicial
Por Fernando Belaunzarán
A confesión de parte, relevo de pruebas. Pero en el caso que nos ocupa, además sobra evidencia. Claudia Sheinbaum, replicando los dichos de la mañanera, asegura que el Poder Judicial es el único que les falta “democratizar”. Por esa razón, convoca a sus seguidores a implementar el “plan C”, consistente en obtener la mayoría calificada en ambas cámaras para así poder modificar en solitario la Constitución, remover a los ministros de la SCJN y elegir nuevos mediante votación universal, en el entendido de que, con las clientelas del partido oficial y la operación electoral del Estado, no tendrían problema en lograr el control del máximo tribunal.
Hay una lógica electoral en el planteamiento, pero las consecuencias, más allá de las urnas, se vislumbran funestas. La narrativa apunta a trasladar responsabilidades para acotar el potencial voto de castigo el próximo año, echándole la culpa a jueces, magistrados y ministros por la falta de resultados, así como justificar la concentración del poder en el Ejecutivo para vencer las resistencias de los contrapesos satanizados. Sin embargo, debilitar al Poder Judicial y someterlo es un despropósito para un país al que le urge fortalecer el Estado de derecho y dar certeza jurídica a nacionales y extranjeros.
La contención legal de las pretensiones hegemónicas del restaurado presidencialismo autoritario está en el corazón de la disputa. Cuando la Corte estuvo encabezada por alguien dócil y solícito a los caprichos del gobernante, los ataques se circunscribían a jueces que concedían amparos o resolvían contra los deseos o intereses de éste. Si algo ha quedado claro en la presente administración es que discrepar de la voluntad presidencial es, por definición, inmoral y el costo a pagar, en automático, es la estigmatización y el linchamiento público promovido por el propio Presidente. Pero con Norma Piña al frente de la SCJN, el hostigamiento escaló a niveles insólitos, al grado de afectar derechos laborales y poner en la picota a decenas de miles de trabajadores.
Eso de que la venganza es un plato que se sirve frío no va con el estilo personal de gobernar en este sexenio. La reacción visceral hace perder el tino y no medir adecuadamente la reacción. Si el problema eran ocho ministros no alineados, ¿por qué afectar a más de 50 mil trabajadores?
Ninguno de los fideicomisos que la mayoría oficialista busca expropiar tienen que ver con sueldos o prestaciones de los integrantes de la SCJN, pero sí con la calidad de la atención que se brinda a las personas que acuden en busca de justicia, así como con los derechos y conquistas laborales de todo el personal.
En dichos fideicomisos están los fondos para dar mantenimiento o adquirir inmuebles que dan atención al público, complementar la pensión de quienes se jubilan, contribuir a tratamientos médicos de los empleados y sus familias, otorgar créditos para que adquieran vivienda, etcétera. Cada mes les descuentan una parte de su salario para fondearlos y los más afectados, si se pierden, serían los que ganan menos. Quitárselos es un robo en despoblado.
Quizá pensaron que los trabajadores culparían a la ministra presidenta del golpe recibido por no someterse al Ejecutivo. No fue así, al contrario, las recientes e inéditas movilizaciones demuestran que en ellos hay plena conciencia, tanto de la revancha política como de la importancia que tiene la independencia judicial como garante de los derechos de todos y como pilar de la democracia, hoy amenazada por quien no admite que la ley siempre debe cumplirse, aun cuando eso afecte a sus intereses.
La presidenta Piña hizo una petición formal a la Cámara de Diputados para establecer un diálogo institucional y deliberar sobre el asunto de marras, pero optaron por ignorarla, comprobándose otra vez que la mayoría parlamentaria no se asume parte de un poder independiente y sólo acata instrucciones del Ejecutivo. Ojalá que en el Senado tengan algo de pudor republicano y se concrete la reunión.
La Corte hizo valer la Constitución para preservar la autonomía del INE y eso no se lo perdona el régimen. Pero gracias a eso, y a pesar de la elección de Estado que se avecina, nuestros votos contarán en 2024.
