La seguridad pública en México como prioridad
Una de las cuestiones y preocupaciones que se han mantenido en el debate nacional durante los últimos años es la seguridad pública. De acuerdo con el artículo 21 constitucional, ésta es una función del Estado, las entidades federativas y los municipios.
El Gobierno federal realiza un esfuerzo importante en el marco de sus competencias para cumplir con esa responsabilidad, a través de la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública —la cual puede ser, sin duda, revisable o perfectible— y también por medio de la creación de la Guardia Nacional (GN) en 2019, sin soslayar la atención de los desafíos en materia de educación, salud, empleo, apoyo a las juventudes, combate a la corrupción de los mecanismos de procuración de justicia y de las estructuras policiales, entre otros.
El presidente López Obrador señaló que enviaría a la Cámara de Diputados, en 2023, una iniciativa de reforma constitucional para que la GN quede adscrita de manera formal a la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, ante la “moratoria constitucional” del PRI, PAN y PRD, que consiste en rechazar durante lo que resta de la actual LXV Legislatura cualquier iniciativa de reforma, adición o modificación a la Constitución que sea enviada por el titular del Ejecutivo federal, éste contempló la posibilidad de emitir un decreto para concretar la adscripción. El mandatario también comentó la opción de modificar el reglamento interno en el Gobierno o reformar una ley secundaria.
Lo anterior persigue, al menos, cuatro objetivos:
1.Evitar la corrupción en la GN como, por ejemplo, aconteció con la extinta Policía Federal Preventiva;
2.Impedir el manejo político de la GN y garantizar su permanencia;
3.Continuar enfrentando la inseguridad y a los grupos del crimen organizado que se benefician del tráfico de armas, particularmente de los Estados Unidos a nuestro país, y
4.Cumplir con lo que establece el artículo quinto transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución en materia de GN, el cual señala que, en tanto esta institución desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del decreto. Esto significa que, al acercarse el vencimiento del mismo, es importante la referida adscripción, para proseguir de manera efectiva el combate a la inseguridad.
Diversas voces señalaron que con esa decisión se militariza al país. Nada más alejado de la realidad. Desde su origen, en 1913, el Ejército Mexicano puso a disposición de la sociedad todas sus capacidades, organización y voluntad para participar en proyectos encaminados a la seguridad, al progreso y bienestar de la nación, como lo ratificó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Además, la mayoría de sus integrantes provienen de las clases populares; es decir, nuestro Ejército no pertenece a la oligarquía, en contraste con otras fuerzas militares. Todo ello sin olvidar que siempre ha estado subordinado al poder civil.
El presidente López Obrador ha subrayado que, a diferencia de otros tiempos, no se ordena a las Fuerzas Armadas (FA) que hagan la guerra a nadie, que vigilen u opriman a la sociedad, que violen las leyes, coarten las libertades o se involucren en acciones que repriman o vulneren los derechos humanos. Si este tipo de atropellos existen o existieron, derivaron de decisiones erróneas y perversas de gobiernos civiles.
La reconfiguración del papel de las FA en muchos países no es algo extraordinario o negativo. En Argentina, la transformación y compromiso de éstas con la democracia tuvo relación con una dinámica de justicia, verdad y memoria. En Chile, las FA transitaron progresivamente, desde 1990, hacia la subordinación al poder civil y a su modernización. En México, la reconfiguración de nuestras FA se da por medio de la lealtad y el respeto al pueblo, a los derechos humanos, al poder civil y a las leyes y los ordenamientos constitucionales.
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